Una cosa que me queda cada vez más clara conforme reporto sobre la economía digital es que se va a necesitar un replanteamiento del marco jurídico en el que se han desarrollado los negocios durante muchas décadas. Muchas de las principales leyes que rigen el comercio digital (el cual es cada vez más la mayor parte del comercio) se desarrollaron en la década de 1980 o de 1990, cuando el Internet era un lugar completamente diferente. Consideremos, por ejemplo, la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras (CFAA, por sus siglas en inglés). Esta ley de 1986 convirtió en un delito federal el hecho de participar en “acceso no autorizado” a una computadora conectada al Internet. Fue diseñada para evitar que los “hackers” piratearan los sistemas corporativos o gubernamentales. El mito es que la ley fue inspirada por Juegos de Guerra, la película de 1983 protagonizada por Matthew Broderick.

Aunque pocos piratas informáticos parecen haber sido disuadidos por esta ley, está siendo utilizada en batallas territoriales entre compañías que buscan monetizar el producto básico más valioso del planeta: nuestros datos personales. Ejemplo: LinkedIn contra HiQ, que bien podría convertirse en un parteaguas en Silicon Valley. LinkedIn es la plataforma de red profesional predominante, una especie de Facebook para las empresas. HiQ es una compañía de “extracción de datos”, que tiene acceso a los datos disponibles públicamente de los perfiles de LinkedIn y posteriormente los mezcla en su propia ‘caja negra’ cuantitativa para crear dos productos: Keeper, el cual les informa a los empleadores cuáles de sus empleados se encuentran en mayor riesgo de ser reclutados por otras compañías; y Skill Mapper, el cual proporciona un resumen de los conocimientos que poseen los trabajadores individuales.

LinkedIn le permitió a HiQ hacer esto durante cinco años, antes de desarrollar un producto muy similar a Skill Mapper, punto en el cual LinkedIn le envió a la compañía una carta de “cesar y desistir”, y la amenazó con invocar la CFAA si HiQ no dejaba de aprovechar sus datos de usuario. Los abogados de LinkedIn argumentaron no sólo que esto constituía una violación de la confianza de los usuarios, sino que su cliente era una “entidad privada con derecho a controlar el acceso a su propiedad privada”, es decir, no sólo a sus servidores, sino a los datos de los consumidores que se encuentran en ellos.

Nada de esto es inusual en Silicon Valley. Las compañías de extracción de datos son omnipresentes y algo insidiosas, al igual que las grandes compañías que ven a las pequeñas empresas experimentar con nuevas ideas y, luego, tratan de robárselas y/o aplastarlas una vez que alcanzan una masa crítica (ya sea con una carta de cesar y desistir, o mediante una adquisición).

Recientemente he recibido muchísimas llamadas de pequeñas empresas tecnológicas que se quejan de prácticas anticompetitivas por parte de las compañías más grandes de la plataforma. La mayoría no se expresa públicamente por miedo a que nunca les llegue otra ronda de financiación o un trabajo (Silicon Valley tiene un impresionante código de “omertá”). Pero HiQ se dio cuenta de que no tenía nada que perder, porque si no podía utilizar los datos de LinkedIn, igualmente quedaría fuera del negocio. La Corte de Distrito del norte de California, la cual se ocupa del caso, estuvo de acuerdo, y le otorgó un mandamiento judicial para continuar la extracción mientras se desarrolla la batalla legal.

Mientras tanto, un caso que podría haber sido importante principalmente para los conocedores del sector digital está recibiendo un enorme impulso publicitario por parte del profesor de Harvard Laurence Tribe, el eminente estudioso de derecho constitucional del país. El Sr. Tribe se incorporó al equipo de defensa de HiQ porque cree que el caso es “sumamente importante”, no sólo en términos de establecer reglas competitivas para la economía digital, sino en el ámbito de la libertad de expresión. Según el Prof. Tribe, si aceptamos que el Internet es la nueva plaza de la ciudad, y “los datos son un tipo central de capital”, entonces deben estar disponibles libremente para todos; y LinkedIn, como compañía privada, no puede decidir repentinamente que los datos públicamente accesibles a través de búsquedas de Google son su propiedad privada.

Quizá a la gente no le gusta lo que HiQ está haciendo; pero al igual que los delincuentes sexuales tienen derecho a usar el Internet, los extractores de datos tienen derecho a ganarse la vida en el espacio público, al menos por ahora. La preocupación es que si a las compañías privadas se les permite decidir quién puede participar en el mercado digital de ideas, entonces podrían excluir a quien quieran.

Por su parte, LinkedIn argumenta que, si los usuarios supieran que sus datos estuvieran disponibles libremente sin restricciones para la recopilación y el acceso por parte de terceros, serían menos propensos a ponerlos en línea. Éste es un buen punto, y quizá uno que los consumidores y los usuarios del Internet en general deberían considerar con más atención.

Ya sea que nos interesen las prácticas empresariales anticompetitivas, o la preservación de la libertad de expresión, una cosa que tenemos que abordar es que somos tanto la materia prima como el consumidor final de lo que se vende en línea. Somos el producto.

Teniendo eso en cuenta, deberíamos pensar mucho más cuidadosamente acerca de tres cosas. En primer lugar, el grado de información que revelamos y todas las innumerables maneras en que puede utilizarse. En segundo, si los productos y servicios que recibimos a cambio de nuestros datos valen la pena, o si deberían reconsiderarse los términos del intercambio. Y, en tercer lugar, cómo los gobiernos pueden cambiar las reglas del nuevo campo de juego digital y qué significará esto para el capitalismo en el siglo XXI.