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Alarma y consternación en la clase magisterial de San Francisco de Macorís ante el peligroso deterioro de las escuelas

La clase magisterial, representada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ha levantado una enérgica voz de alerta ante el estado de abandono, hacinamiento y riesgo estructural extremo en el que se encuentran múltiples planteles de la zona, una realidad que choca frontalmente con los discursos oficiales de preparación del Ministerio de Educación (Minerd).

​Para los educadores, la situación no es meramente un problema logístico, sino un peligro latente que amenaza la vida de los alumnos y degrada a niveles inaceptables el ejercicio de la enseñanza.

​Miedo a una tragedia: Escuela al borde del colapso en Los Rieles

El punto de mayor angustia para los profesores se focaliza en el sector Los Rieles, donde la Escuela Padre Abel Aranda muestra un deterioro físico alarmante.

Los docentes que allí laboran expresan un temor constante ante las graves fallas estructurales que presenta la edificación, la cual alberga a más de 300 niños.

​»Enseñar bajo la amenaza constante de que un techo o una pared colapse no es educación, es una imprudencia que puede costar vidas», sostienen dirigentes magisteriales, quienes califican de «indolente» la falta de intervención oportuna por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Docencia entre mamparas y recreos en plena calle

​La desesperación de los maestros también se vive a diario en la Escuela Ricardo Molina, de la comunidad de El Aguacate.

Allí, la falta de espacio ha obligado a los profesores a realizar verdaderos malabares pedagógicos: solo disponen de dos aulas convencionales, que han debido ser divididas de manera precaria con mamparas para impartir clases a tres grados simultáneamente en un solo espacio, compartiendo además la dirección y la gestión administrativa con los niños de Nivel Inicial.

​La preocupación alcanza su punto crítico durante el recreo y la clase de Educación Física. Al no contar con patio ni áreas recreativas, los estudiantes son llevados a la calle, obligando a los propios docentes a detener el tránsito vehicular a silbatazos para evitar que los niños sean atropellados. Los maestros claman con urgencia por la declaración de utilidad pública y compra de los terrenos colindantes para ampliar el recinto.

​Aulas agrietadas y el fantasma de la virtualidad obligada

​En la comunidad de Las Guázumas, el panorama en la Escuela Eugenio María de Hostos es igualmente desalentador. Los profesores observan con impotencia cómo los muros del centro se llenan de grietas y los pisos sufren severos asentamientos, dejando útil únicamente un pabellón de tres aulas para toda la matrícula escolar.

Ante la imposibilidad física de acoger a todos los alumnos de manera digna y segura, la dirección y el cuerpo docente se ven acorralados a evaluar un esquema de docencia alternada entre la modalidad presencial y la virtual, una medida de emergencia que los profesores lamentan, ya que profundiza la brecha de aprendizaje en las zonas rurales.

Un ultimátum de la clase magisterial

​Robert Frías, presidente de la seccional de la ADP en San Francisco de Macorís, reafirmó que el magisterio francomacorisano no se quedará de brazos cruzados observando cómo se deteriora la educación pública y se pone en riesgo a la comunidad educativa.

​Aunque los maestros responderán al llamado del inicio de clases por compromiso con las familias, advierten que la paciencia se ha agotado. Si el MINERD no envía de inmediato brigadas de evaluación y respuesta para intervenir los planteles de El Aguacate, Las Guázumas, Los Rieles y La Caoba, el gremio iniciará una escalada de protestas y movilizaciones en toda la provincia Duarte y la región.

Destacar que la situación alarmante de los planteles escolares fue expuesta por el dirigente de la ADP, Robert Frías durante una rueda de prensa en el local de la institución.

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Hallan agricultor muerto con signos de violencia en una finca de Moca

Investigan el caso como un atraco tras venta de cosecha de aguacates

Un agricultor fue hallado muerto con múltiples heridas de arma blanca en una finca de su propiedad, ubicada en un paraje del municipio San Víctor, en la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como José Castillo Bello, cuyo cadáver fue encontrado por su esposa cuando acudió a llevarle el almuerzo a la propiedad.

El cuerpo estaba oculto entre yaguas y presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca.

Investigación en curso

Tras el hallazgo, agentes de la Dirección Regional de la Policía Nacional en Moca desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la zona.

  • De acuerdo con familiares, el principal sospechoso es un ciudadano de nacionalidad haitiana que trabajaba con la víctima.

Según dijeron a los investigadores, el extranjero presuntamente siguió a Castillo Bello tras enterarse de que había recibido dinero por la venta de una cosecha de aguacates.

Entienden que el hombre habría cometido el crimen con el propósito de despojarlo del efectivo.

Cuerpo enviado a autopsia

El cadáver del agricultor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil del hecho y someter a la justicia al responsable.

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El COE emite alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís por lluvias

La incidencia de una vaguada favorecerá la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta verde para las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones urbanas y repentinas, debido a las lluvias pronosticadas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La medida fue adoptada luego de que el organismo meteorológico informara que la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera, combinada con el transporte de humedad asociado al viento del este/noreste, favorecerá la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas ocasionales de viento.

De acuerdo con el boletín, las precipitaciones se registrarán desde las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con mayor incidencia en las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Duarte, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, el Gran Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Santiago Rodríguez, entre otras localidades. Se prevé que las lluvias continúen hasta las primeras horas de la noche.

El COE explicó que la alerta verde se emite cuando las condiciones permiten prever la ocurrencia de un evento potencialmente peligroso para la población.

Recomendaciones

El organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y el COE, a través del teléfono 809-472-0909, el 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

Asimismo, recomendó seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y pidió a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Además, instó a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua y a abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

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Suspenden registros de proveedores del Estado a 11 senadores

La DGCP ha suspendido registros de proveedores del Estado de 81 funcionarios en lo que va de 2026

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de 11 senadores, una medida que, según explicó, fue ejecutada el pasado 19 de junio en cumplimiento de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Mediante un comunicado, la institución precisó que la suspensión se realizó como parte de la implementación del nuevo régimen de inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados, vigente desde enero de este año.

La DGCP aclaró que la medida no tiene carácter sancionador, sino preventivo y administrativo, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la legislación mientras los funcionarios permanezcan en el ejercicio de sus cargos.

La institución recordó que el 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios comprendidos dentro de las causales de inhabilidad para solicitar voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado.

Indicó que, una vez vencido ese plazo, procedió con las suspensiones de oficio conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.

Asimismo, señaló que los cruces de datos, las verificaciones y las labores de debida diligencia que dieron origen al acto administrativo forman parte de sus procesos rutinarios para preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.

Los 11 senadores con el RPE suspendido

  • Moisés Ayala Pérez, senador por Barahona, por su participación como accionista de Instituto de Medicina Popular, S.A.
  • Santiago José Zorrilla, senador por El Seibo, accionista de Combustibles Alternativos José Espinal, SRL.
  • Jonhson Encarnación Díaz, senador por Elías Piña, accionista de Centrimed(Centro de Investigaciones Médicas), SAS.
  • Carlos Manuel Gómez Ureña, senador por Espaillat, accionista deUnión Telecard Dominicana, SRL.
  • Ginnette Altagracia Bournigal de Jiménez, senadora por Puerto Plata, accionista de Turinortv, SRL.
  • Gustavo Lara Salazar, senador por San Cristóbal, accionista de LGestión Proactiva Gespro, SRL.
  • Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, senador por Santiago, accionista deUnión Médica del Norte, SAS.
  • Bernardo Alemán Rodríguez, senador por Montecristi, titular de un Registro de Proveedores del Estado a título personal.
  • Casimiro Antonio Marte Familia, senador por Santiago Rodríguez, accionista de Comercial La Sidra, SRL y Asetran, SRL.
  • Alexis Victoria Yeb, senador por María Trinidad Sánchez, gerente de Constructora 059041, SRL.

81 registros suspendidos este año

La DGCP informó que, desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, ha emitido tres actos administrativos mediante los cuales ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores del Estado correspondientes a funcionarios electos y designados.

Agregó que, entre 2020 y 2025, bajo la derogada Ley 340-06suspendió de oficio 591 registros pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas y sociedades comerciales vinculadas a estos.

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FP: salir del mapa del hambre no borra que 4.7 millones tienen dificultades para alimentarse

Fuerza del Pueblo también señala que el costo de vida afecta la capacidad de las familias para acceder a alimentos de calidad

El partido Fuerza del Pueblo cuestionó este martes el discurso oficial sobre la salida de República Dominicana del mapa mundial del hambre y aseguró que ese logro contrasta con los 4.7 millones de personas que todavía enfrentan dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y nutritivos.

Onofre Rojas, titular de la Secretaría de Implementación de Políticas Sociales de la organización opositora, sostuvo que el Gobierno ha resaltado la reducción de la subalimentación por debajo del 2.5 %, pero ha omitido otros indicadores contenidos en el mismo informe de las Naciones Unidas.

"El Gobierno oculta otros datos ofrecidos por la FAO en el mismo informe", afirmó Rojas durante una rueda de prensa.

La cifra citada por el dirigente está contenida en la edición de 2026 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, conocido como SOFI y elaborado por la FAO, el FIDA, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. La edición más reciente fue presentada el 21 de julio de 2026.

De acuerdo con los datos correspondientes al período 2023-2025, el 41.3 % de la población dominicana experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, equivalente a aproximadamente 4.7 millones de personas. Dentro de ese grupo, el 16.4 %, cerca de 1.9 millones, se encontraba en la categoría grave.

La cifra de 4.7 millones no significa que todas esas personas hayan permanecido sin comer o padezcan hambre crónica.

La inseguridad alimentaria moderada puede implicar incertidumbre sobre la posibilidad de conseguir alimentos, disminución de la calidad de la dieta, reducción de las porciones o alteraciones en los hábitos de alimentación por falta de dinero u otros recursos.

La categoría grave corresponde a situaciones en las que las personas pueden haberse quedado sin alimentos, haber pasado hambre o, en casos extremos, permanecer uno o más días sin comer. La FAO mide estas experiencias mediante la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria.

Este indicador es distinto a la prevalencia de subalimentación utilizada para confeccionar el mapa del hambre. La subalimentación mide si el consumo habitual de energía alimentaria resulta insuficiente para mantener una vida normal, activa y saludable.

República Dominicana redujo ese último indicador desde el 21.3 % registrado entre 2004 y 2006 hasta menos del 2.5 % en el período 2023-2025. Ese descenso permitió que el país saliera del mapa del hambre y fuera reconocido públicamente por el director general de la FAO, Qu Dongyu.

Rojas reconoció que se trata de un avance, pero atribuyó el resultado a políticas ejecutadas durante varias administraciones.

"Alcanzar este logro es el resultado de un esfuerzo sostenido en los últimos treinta años", expresó.

FP cuestiona costo de los alimentos

El dirigente vinculó la inseguridad alimentaria con el incremento del costo de vida y afirmó que muchas familias deben reducir sus raciones, sustituir productos por otros de menor calidad o enfrentar incertidumbre sobre su próxima comida.

Según datos atribuidos al Banco Central, el costo promedio de la canasta familiar se situó en RD$49,268.36 en mayo de 2026.

En junio, la inflación interanual alcanzó el 5.67 %, por encima del límite superior del rango meta del Banco Central. El organismo explicó que el resultado estuvo impulsado, entre otros factores, por aumentos en los combustibles y en alimentos de fuerte consumo, como el pollo fresco.

Fuerza del Pueblo también cuestionó la Ley 6-22, aprobada en 2022 para aplicar temporalmente una tasa arancelaria de cero a determinados alimentos importados.

Rojas alegó que la medida facilitó el ingreso masivo de mercancías, perjudicó a productores agropecuarios y favoreció a grupos importadores. Esa valoración corresponde al partido opositor.

La ley tuvo una vigencia de seis meses y autorizó a la Comisión para las Importaciones Agropecuarias a establecer límites y cuotas. El texto también ordenaba incluir a representantes de los sectores productivos en las discusiones sobre la administración de las importaciones.

Rojas pidió al Gobierno revisar las políticas de apoyo al campo, fortalecer la producción agropecuaria y reducir gradualmente las importaciones de rubros que puedan competir directamente con los productores nacionales.

El planteamiento de Fuerza del Pueblo expone las dos caras del último informe: República Dominicana logró reducir el hambre crónica hasta un mínimo histórico, pero cuatro de cada diez habitantes todavía enfrentan algún grado de incertidumbre o limitación para conseguir alimentos suficientes y de calidad.

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